Tolerancia cero en Neuquén: cesantearon a un portero que faltó más de un año a su trabajo

Cesantearon a un portero que faltó más de un año y se revisará si deberá devolver sueldos.
Social19 de noviembre de 2026TNTN

El Gobierno de Neuquén concretó este lunes una nueva cesantía en el marco de su política de tolerancia cero: la medida alcanzó a un auxiliar de servicio que acumuló más de un año de inasistencias injustificadas y cuyo historial de irregularidades se remonta a la gestión anterior.

Se trata de Matías Ezequiel Gutiérrez, auxiliar de servicio en el Centro Provincial de Enseñanza Media 19 de la ciudad de Neuquén. El Ejecutivo convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) emitida este año y le impuso la cesantía por abandono de cargo. Según la documentación oficial, faltó “en forma injustificada a su puesto de trabajo durante el período comprendido entre el primero de julio de 2023 y el 10 de julio de 2024”.

Un historial que comenzó en 2018

El expediente indica que las actuaciones se originaron en notas de la escuela que denunciaban “las inasistencias injustificadas del señor Gutiérrez desde el año 2018 en adelante”. Una exautoridad del establecimiento ratificó esos antecedentes y dijo que “nunca llegó a conocer personalmente” al agente. Citado en dos oportunidades a declarar, no se presentó a ninguna.

Los auditores constataron además registros de presunto abandono de cargo acumulados en distintos períodos entre 2018 y 2023, durante la gestión anterior, e intentos infructuosos de notificación postal por domicilio inexistente. El agente intentó justificar parte de sus primeras ausencias en supuestas “medidas de fuerza”, pero según el documento fue intimado a justificar sus faltas y reintegrarse, sin que conste respuesta, comparecencia ni documentación.

Qué ordena la resolución

Además de la cesantía, la resolución ordena revisar si durante el período de ausencia cobró haberes y, de ser así, activar los mecanismos para recuperar los fondos. Si no fuera posible, el CPE deberá iniciar acciones judiciales por posible enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública. “En caso de ser necesario se le dará intervención a la Fiscalía de Estado”, indica el texto.

El documento sostiene que la conducta “no constituye una ausencia aislada o circunstancial”, sino una falta de prestación del servicio de más de un año, que obligó a disponer sucesivos reemplazos temporarios. Desde el Gobierno destacaron: “El ordenamiento del Estado también implica terminar con estas situaciones, sin importar cuándo comenzaron ni cuánto tiempo hayan permanecido impunes”.