El Ministerio de Salud de Neuquén radicó una denuncia penal contra dirigentes del gremio UPCN por hechos que, según informó la cartera, ocurrieron esta mañana en el tercer piso del Centro Administrativo Ministerial (CAM). De acuerdo con la versión oficial, unas 15 personas ingresaron rompiendo a patadas una puerta de madera de dos hojas y amenazaron a trabajadores del ministerio.
La información proviene del comunicado del propio Ministerio de Salud. En el texto no se incluye la postura de UPCN ni se detallan los motivos del reclamo gremial, por lo que lo descripto corresponde a la versión de la cartera denunciante y deberá ser evaluado por la Justicia.
Qué denuncia el Ministerio de Salud
Según el relato oficial, durante la irrupción los dirigentes violentaron y abrieron a los golpes una oficina y luego recorrieron otras dependencias, donde habrían golpeado puertas de distintos despachos interiores. Todo ocurrió, siempre según el ministerio, ante la mirada de trabajadores que cumplían sus tareas habituales y que habrían sido apretados y amenazados con violencia física y verbal.
La cartera sostuvo además que se bloqueó el ingreso y la salida de trabajadoras y trabajadores del CAM, como una forma de presión. Indicó que el accionar quedó registrado en videos que ya fueron presentados ante las autoridades judiciales, y que también existen registros filmados por los propios dirigentes, que habrían grabado toda la situación.
“Con violentos no dialogamos”
El ministro de Salud, Martín Regueiro, ratificó que en el Poder Ejecutivo “no se van a tolerar el amedrentamiento a los trabajadores, los daños al patrimonio público ni las falsas acusaciones articuladas para manipular situaciones de tensión”. Y agregó: “Con violentos no dialogamos”.
El comunicado menciona un segmento de los videos en el que una de las manifestantes, en medio de los gritos, diría a viva voz “sino voy a decir que me pegaste”, frase que el personal del ministerio habría rechazado de inmediato. Para la cartera, esto muestra una maniobra de manipulación. El contenido de esos registros no fue difundido y será materia de análisis judicial.
Por último, el Ministerio indicó que no se descarta que, una vez resuelta la causa penal, se inicie una demanda civil contra los dirigentes para que respondan por los daños materiales y morales ocasionados al personal y al inmueble público.