La política de tolerancia cero del gobernador Rolando Figueroa sumó un nuevo caso en el área de salud: fue cesanteada una empleada del Hospital Castro Rendón de Neuquén, luego de comprobarse que le robó el celular a una compañera de trabajo. La medida recayó sobre la ahora exagente Brenda Romina Carrilao, quien se desempeñaba como auxiliar de atención al público en el sector de Admisión y Egreso de Pacientes del principal hospital de la provincia, y fue oficializada tras concluir el sumario administrativo.
Según consta en la documentación oficial, el hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2023, apenas dos días después de la asunción de las actuales autoridades provinciales. Durante un cambio de guardia, la víctima dejó su teléfono apoyado debajo de un monitor y se retiró por un momento; al volver, el equipo ya no estaba.
El sumario reunió elementos probatorios de peso, entre ellos las grabaciones del sistema de videovigilancia interno. Las imágenes mostraron que la acusada tomó el teléfono y lo guardó en su bolso. Declaraciones del área de Seguridad y del área de Tecnología confirmaron además que nadie más ingresó al sector durante ese lapso. Aunque la imputada negó haber visto o sustraído el aparato, la Junta de Disciplina consideró contundente el material reunido.
Por qué se aplicó la cesantía
El organismo fundamentó que el accionar quebrantó gravemente la ética y los deberes del empleo público y resulta incompatible con la permanencia en el Sistema Público Provincial de Salud (SPPS). Los auditores remarcaron que sustraer bienes de un compañero en el ámbito hospitalario rompe la confianza necesaria para el correcto funcionamiento del servicio. La cesantía se encuadró en el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (EPCAPP).
El despido se suma a otras sanciones aplicadas en el Estado provincial, como la reciente exoneración de una empleada del ISSN por la apropiación de casi $8 millones, y a las cesantías de una enfermera y una mucama por inasistencias injustificadas. En conjunto, refuerzan la postura del Gobierno de no tolerar irregularidades en la administración pública.