Siete allanamientos a desarmaderos, teléfonos, computadoras y documentación secuestrada. Una investigación judicial intenta desentrañar qué ocurrió con alrededor de un centenar de vehículos que debían ser compactados después de ser secuestrados y que, según la principal hipótesis, terminaron con sus partes a la venta.
La investigación está a cargo del fiscal del caso Diego Azcarate, de la Fiscalía de Asignación de Casos, y tuvo un primer despliegue en desarmaderos de Centenario que funcionarían aparentemente de manera legal. Sin embargo, las sospechas de responsabilidad no apuntan a los desarmaderos destinados a la compra venta de autopartes, sino que, en principio, los presuntos responsables estarían relacionados a tres domicilios particulares y policías de la División de Tránsito Neuquén. Fuentes judiciales confirmaron que Asuntos Internos de la Policía provincial también inició actuaciones para determinar si hubo participación o irregularidades por parte de los efectivos involucrados.
Los autos salían de la División Tránsito de la Policía
Las fuentes confirmaron que la pesquisa apunta, en principio, a tres personas: dos efectivos de la División Tránsito de la Policía y un comerciante que se dedicaría a la compactación de vehículos. La sospecha es que, detrás de una actividad que en apariencia tenía un destino legal —retirar vehículos para su posterior destrucción—, se habría montado una maniobra para sacar esos autos y colocarlos en el circuito comercial de los desarmaderos.
La maniobra que investiga la Fiscalía habría comenzado en el predio de la Dirección de Tránsito de Neuquén, ubicado en calle Río Colorado, en el límite de Neuquén y Plottier. Allí se encontraban vehículos secuestrados por distintos motivos, entre ellos automóviles vinculados con causas judiciales o retenidos por infracciones contravencionales, que habían quedado destinados a la compactación. Según la hipótesis que analiza la Justicia, un comerciante que contaba con una máquina compactadora retiraba esos vehículos del predio con la supuesta finalidad de llevarlos a destruir, sin contar con autorización judicial.
En este sentido, los investigadores detectaron que, en lugar de que los autos terminaran convertidos en chatarra, distintas partes habrían aparecido posteriormente en desarmaderos. Además, la División Tránsito Neuquén no contaba con un convenio o contrato con el comerciante, lo que refuerza la sospecha de que esos autos eran ofrecidos por dos policías de manera ilegal, y que algunos desarmaderos funcionaban como el destino final de las piezas.
Descubrieron la maniobra a través de una publicación de Facebook
Parte de la comercialización se habría realizado a través de Marketplace, donde se ofrecían las autopartes. Según trascendió, el dato que destapó la operatoria ilegal fue detectado cuando no encontraron un vehículo que debía estar bajo resguardo policial y cuyas partes figuraban en una publicación. De esta manera, la investigación intenta determinar cómo los vehículos que habían sido retirados de la Dirección de Tránsito Neuquén, en Río Colorado 350, para ser compactados, terminaron alimentando un circuito clandestino de venta de repuestos.
Uno de los puntos de la investigación apunta a desentrañar cómo se concretaba el retiro de los vehículos del predio, que depende de la Superintendencia de Seguridad de la Policía del Neuquén, y qué controles existían sobre el destino que se les daba. De acuerdo con fuentes judiciales, el comerciante investigado no tendría autorización municipal ni un vínculo oficial con la Policía para retirar esos vehículos. En este marco, dos policías de la División Tránsito quedaron bajo la mira, sospechados de facilitar el ingreso al predio y el retiro de automóviles destinados a compactación.
Según la pesquisa inicial, los desarmaderos que publicaron las partes en Marketplace actuaron de buena fe, recibiendo las autopartes con la confianza de que los autos eran extraídos de la Policía de manera legítima. Los investigadores analizan ahora qué tipo de intervención tuvieron los dos policías que aparecen bajo sospecha y cuál habría sido su participación concreta en el mecanismo.
Siete allanamientos y elementos bajo análisis
Durante los operativos realizados en los desarmaderos y los domicilios se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación, material que quedó ahora bajo análisis de los investigadores. El contenido de los dispositivos podría ser clave para determinar cómo se coordinaban los retiros, qué vehículos fueron trasladados y cuál fue el destino de las autopartes. También se buscará reconstruir las comunicaciones y eventuales operaciones de compraventa vinculadas con las piezas que habrían salido de vehículos destinados a compactación.
El objetivo será establecer cuántos vehículos fueron efectivamente retirados bajo la excusa de su compactación, cuántos fueron desarmados y qué cantidad de autopartes terminó en el circuito de comercialización. La investigación también deberá determinar si los desarmaderos que recibían o comercializaban las piezas conocían el origen de los repuestos, o si se limitaban a adquirirlos dentro de una operatoria que aparentaba ser legal.