La tolerancia cero contra los ñoquis, las indisciplinas y la corrupción que rige desde que comenzó la gestión de Rolando Figueroa cayó ahora con todo su peso sobre una empleada infiel del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), a la que los auditores le comprobaron el robo de una cifra varias veces millonaria. El resultado fue la exoneración, un castigo más severo que la cesantía lisa y llana.
Según pudo saberse, el Consejo de Administración del ISSN resolvió, por unanimidad, el castigo a partir de las irregularidades acreditadas en el manejo y rendición de fondos correspondientes a la delegación San Martín de los Andes del organismo. La medida, que se suma a muchas otras aplicadas en la administración pública provincial desde diciembre de 2023, fue adoptada mediante la Resolución N° 414/26, del 27 de agosto último, luego de un procedimiento sumarial en el que se analizaron pruebas documentales, contables y testimoniales.
Cobraba en efectivo y por transferencia a su cuenta personal
De acuerdo con lo establecido en la resolución, durante el período investigado se acreditó que la agente, de apellido Moreno, recibió pagos de afiliados en efectivo y mediante transferencias a una cuenta personal, en lugar de ingresarlos por los canales institucionales establecidos para ese tipo de operaciones. Parte de esos fondos no fueron ingresados oportunamente al ISSN, generando un perjuicio fiscal estimado en $7.873.698,61. Los auditores dieron por probado que los hechos ocurrieron entre enero de 2024 y julio de 2025, es decir, a lo largo de un período de casi año y medio.
Recuperarán el dinero faltante
La resolución también establece que se continúen las acciones correspondientes para el recupero del dinero faltante, más los intereses y demás accesorias legales que correspondan según la normativa vigente. De esta manera, el ISSN reafirmó su compromiso con el control de los recursos públicos, la transparencia de los procedimientos administrativos y la defensa de los fondos destinados a garantizar las prestaciones de sus afiliados, en sintonía con la política de tolerancia cero que rige en toda la administración pública de la provincia.