Comenzó el desalojo del predio privado de las calles Padre Genco y Fogwill, conocido entre los vecinos como "Toma La Rosa". La Justicia avanza en estos momentos con las notificaciones por el delito de usurpación contra las personas que integran la ocupación. Si bien los ocupantes aseguraban que en el predio había unas 200 familias, el relevamiento que realizó el Gobierno provincial de la situación arrojó una cifra muy distinta: no llegaban a 70 personas.
Personal policial ya trabaja sobre el terreno para desmantelar el asentamiento, con el apoyo del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales). Hasta ayer, por orden judicial, no se permitía el ingreso de comida, leña ni agua al predio. Este jueves, la Policía ingresó al terreno desde las 9 de la mañana —ya lo había hecho previamente con la Montada y con motos— y comenzó a desarmar carpas y viviendas precarias. La orden había sido pedida días atrás por el fiscal Juan Manuel Narváez y autorizada por el juez Juan Manuel Kees.
Tres detenidos precipitaron el final de la toma
Si bien se viven momentos de tensión, la toma comenzaba a desinflarse tras conocerse la detención, durante la noche anterior, de tres personas a las que en la jornada de este jueves se les formularán cargos por el delito de usurpación. Todo se precipitó a partir de la detención de dos mujeres y un hombre, vinculados a la organización interna de la toma del terreno privado en el oeste de la ciudad. Fuentes consultadas ya habían advertido sobre el riesgo que corrían quienes permanecieran en el lugar: "Es un terreno privado, y se pueden comer un garrón", habían señalado en referencia a las consecuencias judiciales del hecho.
Según pudo reconstruirse, varias personas están siendo notificadas por el delito de usurpación, un paso previo a que se les arme una causa judicial formal, con una pena que va desde los 6 meses hasta los 3 años de prisión. Este sería, de acuerdo a fuentes consultadas, el principal motivo por el cual parte de los ocupantes decidió desarmar sus carpas en las últimas horas.
Una toma con un escenario distinto a otros casos
La diferencia con casos anteriores de tomas en la ciudad no es menor: hasta ahora, buena parte de los antecedentes recientes involucraban tierras fiscales, donde, pese a que también hubo ocupaciones de terrenos privados, se terminó llegando a algún tipo de acuerdo. Esta vez, según una fuente judicial, el escenario es distinto: "El horno no está para bollos", graficó la fuente consultada sobre la postura de la Justicia frente a este caso puntual.
La ocupación había comenzado semanas atrás sobre un predio de más de seis hectáreas entre las calles Padre Genco y Fogwill, en el barrio Los Hornitos, que durante los primeros días circuló como una tierra fiscal sin dueño. Con el correr de los días se supo que el terreno sería propiedad de una entidad intermedia —según una fuente, un club deportivo de la ciudad— que ya contaba con autorizaciones municipales para desarrollar allí un proyecto de viviendas de 240 unidades multifamiliares y 10 dúplex, con los trabajos de cerramiento del predio a punto de comenzar cuando llegaron las primeras carpas. Hubo, incluso, algunas reuniones entre el denunciante —el desarrollador inmobiliario del predio— y el Ministerio Público Fiscal, ya que se advirtió una coincidencia llamativa: la toma se organizó precisamente en el momento en que comenzaron los movimientos de suelo en ese predio de seis hectáreas, donde además hay una laguna.
Por qué muchos ocupantes no califican para el RUPROVI
Este último miércoles, además, hubo una reunión en el Ministerio Público Fiscal entre el sector de gobierno que media en el conflicto, el denunciante privado y el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU), convocada para relevar quiénes de los ocupantes están o no inscriptos en el RUPROVI, el Registro Único de la Vivienda y el Hábitat. Según pudo saberse, buena parte de quienes no califican quedaron afuera del registro no solo por falta de años de residencia, sino porque en algún momento ya habían "metido tierras": es decir, habían accedido a un lote a través del Estado y luego vendido o transferido ese beneficio a otra persona, lo que los inhabilita para volver a inscribirse en el sistema.