Durante días circuló la versión de que el terreno de la usurpación de Pedro Genco y Fogwill no tenía dueño, que se trataba de una tierra fiscal sin nombre. Sin embargo, una fuente oficial consultada aseguró que esa versión es incorrecta: el predio en la toma, de más de seis hectáreas, estaría escriturado a nombre de una entidad barrial intermedia de la ciudad, que además ya contaría con las autorizaciones municipales necesarias para desarrollar allí un proyecto de viviendas sociales.
Ese dato sobre la identidad del propietario cambia por completo la mirada sobre una de las tomas más grandes que se recuerdan en Neuquén. Además, en los alrededores de ese predio hay más tierras privadas, y también fiscales, pertenecientes al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).
Un proyecto de 240 viviendas que estaba en marcha
Lo que sí se pudo confirmar es la magnitud del desarrollo que estaba planificado para ese predio: en el terreno de Pedro Genco está previsto un desarrollo habitacional de magnitud, con 240 unidades multifamiliares y 10 dúplex proyectados, y los trabajos de cerramiento del terreno estaban por comenzar justo cuando se produjo la ocupación. Esa coincidencia de tiempos —la ocupación arrancó cuando iban a iniciarse las obras— alimenta la hipótesis de que el proyecto habitacional no era un simple rumor, sino algo que ya estaba en marcha antes de la toma.
El conflicto, además, ya tiene una definición judicial: el fiscal Juan Manuel Narváez pidió el desalojo total del predio mediante un oficio dirigido a la Comisaría 12, después de obtener la autorización del juez de Garantías Juan Manuel Kees, y la Fiscalía estableció que el procedimiento debía concretarse dentro de las 48 horas, con la posterior restitución del terreno a su propietario. Ese dato confirma, más allá de la identidad puntual del dueño, que la Justicia ya reconoció el carácter privado del predio y avanzó con una orden concreta.
Quiénes ocupan el terreno
Circula fuerte la versión de que el asentamiento fue orquestado por familias bolivianas que viven en los alrededores, pero el panorama que describen los vecinos resulta más complejo: conviven familias neuquinas, jóvenes sin vivienda propia y personas llegadas de Salta, Jujuy y otros puntos del país, algunas radicadas en Neuquén desde hace cinco años o más, además de la comunidad boliviana, que ya tiene capítulos conflictivos en otros sectores de la ciudad, sobre todo en el barrio Las Flores.
Un informe policial incorporado a la causa judicial coincide en parte con ese panorama: según ese relevamiento, la mayoría de los ocupantes serían de nacionalidad boliviana, ninguno con más de cinco años de residencia en la provincia y ninguno inscripto en el RUPROVI.
Casi nadie califica para el RUPROVI
A esto se suma un problema de fondo: según pudo saberse de fuentes oficiales del IPVU, casi la totalidad de las personas que están en la toma no califica para ingresar al Registro Único de la Vivienda y el Hábitat (RUPROVI). Algunas no cumplen con los años de residencia exigidos en la provincia; otras figuran con bajas y altas en el sistema, lo que suele ser sinónimo de que ya vendieron lotes en algún momento anterior.
Fuentes del IPVU confirmaron que el organismo trabaja en la regularización de distintas situaciones habitacionales en toda la provincia, con el objetivo declarado de que cada neuquino que necesite una vivienda pueda acceder a una. Pero remarcaron algo importante: ese proceso "no pasa de un día para el otro", y no todas las familias que se inscriben en el RUPROVI terminan cumpliendo los requisitos para acceder a un terreno o una vivienda.
Buena parte del problema, según explicaron, tiene que ver con las conocidas ventas y reventas de tierras: personas que en algún momento accedieron a un lote a través del Estado y después lo vendieron, quedando registradas en el sistema con altas y bajas que las inhabilitan para volver a anotarse. En algunos casos, detrás de esas operaciones habría corporaciones dedicadas a la compra y reventa irregular de terrenos, incluso con maniobras que rozarían lo delictivo, una problemática que el Estado provincial estaría por empezar a abordar de manera más sistemática en los próximos meses.