La denominada política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa sigue sumando despidos en el Estado neuquino. En las últimas horas se conocieron dos nuevos casos: un policía y un portero, ambos condenados previamente por la Justicia por delitos graves.
En uno de estos casos, el gobernador convalidó la resolución del 18 de mayo de 2026 del Consejo Provincial de Educación (CPE) y dispuso la baja de la administración pública provincial de Darío Gaspar Rifo Meliqueo, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios (portero) en el Jardín de Infantes N° 52 de Añelo. La decisión se tomó a raíz de una sentencia condenatoria en su contra, dictada por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
El caso del portero de Añelo
La condena le hizo perder el derecho a la estabilidad laboral, en virtud de lo establecido tanto en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.). Según consta en la documentación oficial, la sentencia fue producto de un acuerdo judicial en el que se le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además del pago de una multa, y se indicó que su proceder delictivo generó una incompatibilidad directa con las funciones que desempeñaba.
Desde el organismo recordaron que los empleados públicos están obligados a poseer buenas condiciones morales y de conducta, además de mantener un comportamiento decoroso y digno de la confianza que su condición de agente del Estado exige. Con esos argumentos, se concluyó que el ahora exportero "no cuenta con las condiciones morales y de conducta que prevé la normativa vigente" para continuar desempeñándose en el ámbito público.
El caso del oficial de Policía condenado por abuso sexual
El segundo caso corresponde al ahora exoficial principal Patricio Eduardo Gómez, cuya exoneración fue solicitada por la propia Jefatura de Policía de la Provincia del Neuquén, tras haber cometido delitos en perjuicio de la integridad física y psicológica de una compañera de trabajo, mientras esta se encontraba cumpliendo funciones dentro de la fuerza.
El hecho había sido denunciado ante el Ministerio Público Fiscal en septiembre de 2023, dando origen a una causa por abuso sexual. Posteriormente, un Tribunal de Juicio dictó sentencia condenatoria y le impuso la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, por el delito de abuso sexual simple agravado por su calidad de funcionario público y miembro de una fuerza policial o de seguridad. En el expediente administrativo se detalla que el ahora exoficial interpuso distintos recursos contra las actuaciones que se le siguieron, aunque todos fueron rechazados por las instancias correspondientes.