Certificados falsos y 1,8 millones de dólares en reclamos: la causa de fraude a la ART de Petroleros que vuelve a la Justicia

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1. Se reabrió la causa contra el médico acusado de falsificar pericias para estafar a la ART de Petroleros
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3. El médico que nunca examinó a los trabajadores pero firmó sus pericias: la investigación que se reactiva en Chos Malal

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1. "¿Alguien preguntó cómo estaban esos compañeros?": cómo el Sindicato de Petroleros descubrió las estafas a su ART
2. Siete expedientes, siete trabajadores de la misma cuadrilla y un médico que nunca los vio: el fraude que se investiga en Neuquén
3. La Justicia de Chos Malal reactiva la causa por estafas a la ART de Petroleros: qué nuevas medidas ordenó el fiscal

BAJADA:
La causa por presuntas estafas a la ART del Sindicato de Petroleros, mediante certificados médicos falsificados que habrían sustentado reclamos por 1,8 millones de dólares, fue reabierta por el fiscal Víctor Salgado en Chos Malal. El médico investigado, identificado como M.G., habría emitido informes de incapacidad sobre trabajadores que nunca revisó. Los propios petroleros lo declararon ante escribano público — y hay un detalle sobre el origen del caso que lo hace todavía más llamativo.

CUERPO DE LA NOTA:

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa sospechó algo cuando le llegaron notificaciones sobre trabajadores con incapacidades del 100%. La pregunta que disparó todo fue simple: ¿alguien había preguntado cómo estaban esos compañeros? "Imaginate, sos una planta, no podés hablar ni siquiera", recordó el secretario general del gremio, Marcelo Rucci, al describir el momento en que empezaron a tirar del hilo.

Lo que encontraron derivó en una denuncia penal, un allanamiento al consultorio del médico investigado en el centro de Neuquén y, finalmente, en una causa que fue archivada — y que ahora volvió a ponerse en marcha. El fiscal de Chos Malal, Víctor Salgado, ordenó la reapertura de la investigación tras un pedido formulado por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, apoderado del sindicato, quien argumentó que aún quedaban medidas de prueba fundamentales sin realizar.

El médico que examinó sin examinar

En el centro de la causa está el médico M.G., acusado de confeccionar certificados médicos apócrifos que habrían servido para reclamar millonarias indemnizaciones laborales contra la ART del sindicato, MEOPP. Los documentos certificaban incapacidades y enfermedades profesionales que, según los denunciantes, nunca fueron constatadas mediante revisaciones reales.

Ante la investigación anterior, el profesional alegó haber evaluado a los siete trabajadores de manera remota, a través de plataformas como Zoom, Meet o WhatsApp, o mediante la intervención de terceros. Sin embargo, esa versión choca con un elemento concreto: los propios trabajadores declararon ante escribano público, una médica y un auditor de la ART que nunca conocieron al médico ni fueron examinados por él. Esas manifestaciones quedaron protocolizadas en una escritura pública firmada en julio de 2025.

La documentación obtenida además indica que, en las fechas de las supuestas pericias, los trabajadores se encontraban en el Yacimiento El Portón, en Buta Ranquil, en sus lugares habituales de trabajo para la empresa OIL MYS SA. En casos específicos, como los de los trabajadores identificados con los apellidos Méndez y Costa, solo habrían sido entrevistados por abogados — para luego aparecer, según la querella, "mágicamente" revisados por un médico que "jamás vieron".

Siete expedientes, un mismo patrón

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores es que los siete trabajadores involucrados pertenecen a una misma cuadrilla y todos fueron representados por abogados del mismo estudio jurídico. Esos letrados también están en la mira de la fiscalía.

Los siete expedientes en trámite en el Juzgado Civil de Chos Malal concentran reclamos que, en conjunto, superan los USD 1.800.000. Los porcentajes de incapacidad reclamados en cada uno oscilan entre el 54% y el 120%, con montos individuales que van desde los $116 millones hasta los $772 millones de pesos.

Las nuevas medidas que ordenó el fiscal

Frente a las contradicciones entre la versión del médico y las declaraciones de los trabajadores, el fiscal Salgado dispuso una batería de nuevas diligencias: secuestro del teléfono y la computadora del médico, análisis de posibles comunicaciones virtuales con los trabajadores, geolocalización de los dispositivos en las fechas de las supuestas revisaciones y secuestro de los teléfonos de los demandantes y sus abogados.

También se solicitó al juzgado el préstamo de los siete expedientes laborales para incorporarlos al legajo penal y analizar la documentación presentada en cada uno.

Para la querella, la maniobra podría configurar una asociación ilícita destinada a cometer una estafa procesal mediante el uso de certificados falsos para inducir a error a la Justicia laboral y obtener condenas económicas contra la ART. Los delitos que se investigan incluyen asociación ilícita, falsificación de documentos y uso de instrumentos falsos.